En el último informe Estado de la Nación 2024 se discute la inversión en educación como un tema crucial para el desarrollo de Costa Rica. Sin embargo, los resultados revelan un doble problema: la constante reducción del presupuesto educativo y graves brechas en la eficiencia del gasto. Esto exige una reflexión urgente sobre cómo gestionamos los recursos asignados a un pilar tan esencial del desarrollo humano y social.
Entre el 2018 y 2024, el presupuesto del Ministerio de Educación Pública sufrió una contracción de 13,4% en términos reales. Esta reducción ha afectado áreas críticas como becas, infraestructura y programas de apoyo, afectando directamente la calidad de la educación y las oportunidades de acceso de las poblaciones más vulnerables (Informe Estado de la Nación, página 85).
Más allá de los recortes presupuestarios, el informe destaca que los problemas estructurales en la gestión de los recursos hacen que, en muchos casos, los fondos asignados no generen los impactos esperados. Es como "echar agua en un balde con agujeros": sin un sistema que garantice una buena gestión, seguimiento y evaluación del uso de los recursos, una mayor inversión no necesariamente se traduce en mejores resultados educativos (Informe Estado de la Nación), página 82).
Es un error común, tal cual lo hemos señalado en otras entradas (ver aquí) suponer que un incremento en el presupuesto educativo garantiza automáticamente mejores resultados. El Informe Estado de la Nación 2024 menciona que la efectividad del gasto es el factor determinante para que los recursos tengan un impacto positivo. Si los fondos no se asignan de manera estratégica ni se emplean bajo esquemas de monitoreo y evaluación, es probable que el sistema educativo no cumpla sus objetivos. Esto se evidencia en Costa Rica, donde recortes presupuestarios no han sido el único problema; la falta de planeación adecuada y priorización ha limitado el impacto incluso en áreas de alta inversión, como infraestructura educativa y becas (pág. 82, 85) .
Además, investigaciones internacionales han demostrado que la relación entre gasto educativo y resultados no es lineal. En sistemas con altos niveles de ineficiencia, un mayor presupuesto puede generar redundancias, burocracia y desperdicio de recursos, en lugar de mejoras en aprendizajes o cobertura. Por ello, las políticas educativas deben enfocarse en maximizar el uso del gasto mediante procesos basados en evidencia, priorización de áreas críticas y una cultura de rendición de cuentas. Esto se refleja en el análisis del informe, que destaca que simplemente invertir más “no soluciona los problemas estructurales que enfrenta el sistema educativo costarricense” (pág. 82) .
Si bien es fundamental que Costa Rica mantenga un nivel adecuado de inversión, y en incremento periódico, para garantizar el acceso y la cobertura educativa, la prioridad debe ser mejorar la eficiencia del gasto. Esto debería incluir:
Monitoreo continuo: implementación de sistemas para evaluar en tiempo real cómo se asignan los recursos versus sus resultados.
Prioridades claras: concentración de gastos en áreas estratégicas, como capacitación docente, mejora en la contratación con una modificación en el estatuto del Servicio Civil, infraestructura básica y tecnologías educativas.
Transparencia y rendición de cuentas: Garantizar que cada colón invertido contribuya directamente a mejorar el aprendizaje y las condiciones de los estudiantes en una u otra forma.
Un sistema educativo eficiente es la base de una sociedad más equitativa y próspera. Cuando los recursos se gestionan adecuadamente se obtienen:
Un posible cierre de la brecha educativa entre las zonas urbanas y rurales.
Las desigualdades sociales se reducen proporcionando oportunidades de calidad para todos, independientemente de su origen socioeconómico.
La población altamente educada tiene garantizada una oferta laboral capaz de responder a los desafíos de un mundo globalizado.
El llamado es contundente: Costa Rica necesita reforzar su sistema de gestión educativa para asegurar que cada recurso asignado genere un impacto significativo en el aprendizaje y desarrollo de su población. Esto implica no solo aumentar la inversión, sino optimizar el uso de los recursos existentes, priorizando la calidad sobre la cantidad. La implementación de un nuevo sistema de gestión de calidad educativa, como el SGCE-CR, es un paso crucial para establecer parámetros claros que garanticen una educación efectiva, alineada con las expectativas de estudiantes, padres y la sociedad en general.
Para lograr este objetivo, es fundamental fomentar una cultura de evaluación y rendición de cuentas dentro de las instituciones educativas. Esto significa establecer mecanismos que permitan medir el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes, así como la efectividad de los docentes y la gestión administrativa. Al implementar indicadores claros y transparentes, se podrá identificar áreas de mejora y asegurar que cada decisión tomada esté orientada hacia el beneficio real de los estudiantes. Además, es esencial involucrar a todos los actores del sistema educativo—desde maestros y directores hasta padres y estudiantes—en un proceso colaborativo que promueva la innovación y la adaptabilidad, garantizando así un futuro más prometedor para la educación en Costa Rica.
Referencias
• Programa Estado de la Nación. Informe Estado de la Nación 2024. San José, Costa Rica: CONARE.
• Contracción presupuestaria y áreas afectadas: pág. 85 .
• Falencias en la efectividad del gasto: pág. 82
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