La educación costarricense es un sistema cansado que pide decisiones valientes en el 2026

La educación costarricense vive un momento incómodo que muchos prefieren suavizar con discursos optimistas y de glorias pasadas. Las aulas siguen abiertas, los programas existen y el calendario avanza, pero algo no termina de cuajar. Los resultados de aprendizaje preocupan, el desgaste docente se siente en los pasillos y la confianza social en el sistema ya no es la de antes. No se trata de una crisis repentina, sino de un desgaste acumulado por años, reconocerlo no debilita al sistema; lo vuelve honesto y es un punto de partida para plantear una solución, que no puede ser de maquillaje debe ser estructural.

Uno de los problemas más evidentes es la falta de continuidad en la política educativa. Cada administración llega con prioridades nuevas, ajustes curriculares apresurados y promesas que rara vez sobreviven a un cambio de jerarquía. El sistema educativo funciona con lógica de corto plazo, aún cuando educar exige décadas de coherencia estructural. Esta inestabilidad termina agotando a los centros educativos y confundiendo a las comunidades. Cuando la política cambia de rumbo cada cuatro años, el aprendizaje paga la factura (Programa Estado de la Nación, 2023).

Otro nudo crítico está en la burocratización de la toma de decisiones. Las escuelas y colegios enfrentan realidades distintas, pero responden a reglas uniformes que dejan poco margen de acción. La autonomía pedagógica existe más en el papel que en la práctica. Directores y docentes saben qué ajustes requieren sus estudiantes, aunque el sistema les pide cumplir eternos formularios antes que resolver problemas, adicional a puestos de trabajo que en lugar de facilitar la tarea aveces la hacen más complicada. Esa distancia entre la norma y el aula genera frustración y parálisis cotidiana (OECD, 2019).

Otro factor crucial es la cultura del sector, donde las consecuencias de los errores son prácticamente inexistentes. El papeleo excesivo que obstaculiza los procesos iniciados por las jefaturas para hacer cumplir las consecuencias del incumplimiento limita y desmotiva la ejecución de medidas. Cada servidor debe tener claro sus objetivos para el ciclo escolar, un plan de trabajo sólido, supervisión periódica y trazabilidad transparente. Esto proporciona insumos para la evaluación y evidencia para la promoción. Un sistema basado en la meritocracia garantiza la calidad docente.

Adicionalmente y muy importante, la formación docente también muestran grietas profundas. Muchos educadores ingresan al sistema con buena base teórica, pero con escaso apoyo real durante sus primeros años, tiempo imprescindible para enamorar a los educadores de su tarea y del sistema en sí. La actualización profesional se vuelve una carga administrativa en lugar de un espacio de crecimiento. El mensaje implícito resulta duro: resuelva solo, cumpla, aislado, en siliencio y no complique. No sorprende que el agotamiento emocional y la desmotivación docente aparezcan con fuerza en los estudios recientes (OECD, 2024).

A esto se suma una desconexión persistente entre currículo y realidad social. Los programas hablan de pensamiento crítico y ciudadanía, pero las prácticas evaluativas siguen premiando la repetición. Muchos estudiantes no logran ver sentido en lo que aprenden, y el sistema responde culpando a la familia o a la tecnología. El problema va más allá del celular en el aula; toca una experiencia educativa que no dialoga con la vida cotidiana del estudiante, donde no hay conexión con la realidad y por esto el aprendizaje deja de ser significativo. Cuando la escuela pierde relevancia, la deserción deja de ser sorpresa (UNESCO, 2021).

Frente a este panorama, el reto político-educativo para 2026 no consiste en crear otra reforma vistosa. El desafío real pasa por tomar decisiones estructurales y sostenerlas. Se requiere una política educativa de Estado, no de gobierno, con metas claras y medibles que trasciendan períodos electorales. El país necesita menos anuncios y más acuerdos duraderos. Sin esa base, cualquier cambio se diluye antes de llegar al aula.

La inteligencia artificial aparece aquí como una posible vía de salida, aunque no como salvación automática. Bien integrada, puede apoyar la personalización del aprendizaje, aliviar cargas administrativas y ofrecer datos útiles para la toma de decisiones. Mal usada, puede ampliar brechas y reforzar desigualdades existentes. El reto para 2026 será regular, formar y acompañar su uso con criterio pedagógico, no con miedo ni entusiasmo vacío. La tecnología no reemplaza al docente; lo puede respaldar si el sistema se lo permite (UNESCO, 2023).

También urge devolver confianza y autoridad profesional al personal docente. Esto implica escuchar más al aula y menos al escritorio. Implica evaluar para mejorar, no para castigar. Un sistema que sospecha de sus educadores termina empujando a los mejores al desgaste o a la salida silenciosa. Recuperar esa confianza exige valentía política y coherencia institucional.

La educación costarricense todavía tiene capital humano, tradición y legitimidad social. El 2026 puede marcar un punto de inflexión si se asume que el problema no es solo pedagógico, sino político y ético. La pregunta ya no es si el sistema necesita cambios, sino si el país está dispuesto a sostenerlos cuando dejen de ser cómodos. Mirar hacia otro lado sería más fácil, aunque mucho más caro.

Referencias

OECD. (2019). Education policy outlook: Costa Rica. https://www.oecd.org/education/policy-outlook/country-profile-Costa-Rica.pdf

OECD. (2024). TALIS 2024 Results. https://www.oecd.org/education/talis/

Programa Estado de la Nación. (2023). Estado de la Educación Costarricense. https://estadonacion.or.cr

UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. https://www.unesco.org

UNESCO. (2023). Guidance on generative AI in education and research. https://www.unesco.org